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El 27 de julio, la Excelentísima Diputación de Albacete decidió aprobar, una valoración para el concurso de estabilización, que deja en la calle a personal en fraude ACTUALMENTE, con los votos a favor de GANEMOS, PSOE, CCOO, UGT y CSIF (que han aprobado bases como las que pedimos en otras partes de España), la abstención del SPPLB (que en otras provincias nos apoya) y el voto en contra a esta propuesta de PP, CIUDADANOS y CONTIGO SÍ (a los que agradecemos profundamente su apoyo), una de las partes más importantes de las futuras bases que regirán el futuro de muchas personas que se encuentran ACTUALMENTE en situación de FRAUDE según lo expuesto por la Unión Europea, escudándose en un único informe de RRHH donde no se ha tenido en cuenta ninguno del resto de informes aportados.
Los sindicatos de UGT, CCOO, CSIF junto con el PSOE y GANEMOS han votado una valoración de méritos, que a pesar de ser por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, como su propio nombre indica es para reducir la temporalidad, permite casos que son contrarios al espíritu de la ley, el cuál es evidente.
Los sindicatos y partidos que «defienden» a los trabajadores apuestan por la valoración :
⦁ Que más dinero cuesta por las indemnizaciones de personas que probablemente tengan que volver a contratar. Dinero que pagamos TODOS.
⦁ Que permite que una sola persona acumule varias plazas, debido a que las plazas que no pueda ocupar y deje en excedencia, tendrán que ser ocupadas otra vez por empleo temporal, el mismo empleo que a ley pretende reducir.
⦁ Que permite que personas que no superaron su proceso selectivo consigan una plaza, en detrimento de mérito y la capacidad de la Constitución Española. Dejando fuera a personas que SI SUPERARON PROCESOS, pero no se les dio la oportunidad de volverse a presentar, hecho que motivó la presente ley.
No entendemos el motivo de la celeridad sin buscar la solución legal a todos estos problemas, en principio, no se ve intención de solucionarlos por parte de CCOO, UGT, CSIF (esperemos que se encuentre desayunado debido a la importancia que tiene para él), PSOE y GANEMOS.
Nos han dejado claro que son los sindicatos de los trabajadores para cobrar las cuotas, recibir subvenciones y dadnos lecciones de moralidad al final inexistente. Están dejando a víctimas en fraude de ley sin opciones, esperamos que disfruten de sus vacaciones de lujo y puedan olvidarse rápidamente de las víctimas de abuso que se quedan sin trabajo.
Tenemos que recordar que esta ley se desarrolla por la famosa sentencia del TJUE del 19 de marzo de 2020. En ella se dice que para que estos procesos selectivos puedan concebirse como una medida sancionadora y compensatoria del abuso, tienen que ser procesos restringidos, que solamente puedan participar los empleados públicos objeto del abuso, sin que los procesos ordinarios puedan ser concebidos como una sanción, porque además de que su resultado es incierto, está abierto a candidatos que no son víctimas del abuso (apartado 100). Por lo que la sentencia del TJUE del 19 de marzo de 2020 deja claro que únicamente los procesos selectivos de resultado cierto, tendrán consideración de sanciones idóneas para garantizar el cumplimiento de la cláusula 5 del Acuerdo Marco de la Directiva.
Debido a lo mencionado, no exigimos plazas con nombres y apellidos (como insinúa el Vicepresidente en declaraciones a los medios), pedimos un resultado cierto ante una situación de ABUSO por parte de la administración, como la propia sentencia del TJUE exige a nuestro país, sentencia que sigue sin cumplir a pesar de las mejoras conseguidas respecto a la anterior propuesta sobre cursos y ratio con otras administraciones, leve mejora pero que salva a muchos compañeros.
Por nuestra parte, nos resulta muy revelador que no se quiera dar una solución en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, por parte de los mismos que nunca nos apoyaron en ninguna manifestación, reivindicación, movimiento realizado para que España cumpla con Europa.
