INCENTIVO JUBILACIÓN
Como ya os hemos informado recientemente, según dictamen de la Mesa General de Negociación del día 22 de abril, CON EL VOTO CONTRARIO DE TODOS LOS SINDICATOS, el equipo socialista de la Diputación va a inaplicar los incentivos de jubilación anticipada desde el día 1 de mayo de 2024. Incentivos de jubilación recogidos en el Convenio Colectivo desde los años 80 que han respetado y cumplido todas las Corporaciones y de distinto signo político.
La excusa es que según la sentencia número 546/2022 del Tribunal Supremo, de fecha 16 de junio, estos premios de jubilación son ilegales por mandato del artículo 1 de la norma temporal RDL 20/2012. Esta sentencia afectaba a un empleado del Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canarias) que se jubiló en 2017, antes de modificarse la ley.
La prohibición del abono de los premios de jubilación del artículo 1 fue modificada por la Ley de Presupuestos del 2022 y solo se aplica desde entonces a los altos cargos. Así los reflejan distintas y muy recientes sentencias de Tribunales Superiores de Justicia e incluso del propio Tribunal Supremo que señala que la redacción aplicable del artículo 1 dependerá por razones cronológicas de la fecha de jubilación, como no puede ser de otra manera.
La Diputación no puede ampararse en la redacción original de la ley a sabiendas que ha sido modificada. Para incumplir el Convenio Colectivo, la Diputación no puede invocar causas excepcionales y graves de interés público, ni equilibrio de cuentas públicas, ni estabilidad presupuestaria, ni planes de ajuste, ni déficit público, ni ampararse en sentencias no aplicables, ni suspensión de acuerdos. Lo que ha de hacer es respetar y cumplir lo legalmente firmado.
Resulta llamativo que el propio ayuntamiento de Santa Brígida, del partido popular, que suspendió el abono de los premios de jubilación por la sentencia que ahora aplica esta Diputación, decidió, cuatro meses después, levantar la suspensión con carácter inmediato y seguir abonando dichos premios en base a las recientes sentencias, a la modificación legal y al principio “in dubio pro operario”.
No conocemos ni un solo ayuntamiento que desde 2022 no esté abonado premios de jubilación. Incluso la Junta de Castilla-La Mancha lo recoge en sus presupuestos.
El próximo jueves el Comité de Empresa adoptará los acuerdos necesarios para luchar contra este recorte de derechos impulsado por el equipo de gobierno de Diputación.
Todos los sindicatos tendríamos que remar a la par por luchar por los derechos de los trabajadores/as, y no que algunos se arroguen siempre la iniciativa.
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